OPINIÓN |
Laura Ruesja
EL DERECHO A LA
SEGURIDAD DE ¿TODOS?
Resguardar la
seguridad y la vida de los habitantes y el orden público es una obligación del
Estado y un derecho de todos los que residen en el territorio argentino. El
gobierno nacional se encuentra habilitado, mediante el Ministerio de Seguridad,
a disponer de las fuerzas federales de seguridad para llevar a cabo acciones
que se consideren necesarias en pos de preservar la paz.
En base a ese
argumento, se firmó el decreto 864/2011, Plan Unidad-Cinturón Sur (por el
Ejecutivo nacional y el Ministerio de Seguridad) y se puso en marcha el 4 de
julio de este año. Por ellos, se movilizó de sus puestos a efectivos de la
Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval y se los reacomodó en diferentes
barrios de la Capital Federal, para reforzar la seguridad de la ciudad.
Con este decreto se
presentan dos problemas: al movilizar personal de Prefectura y Gendarmería
desde las provincias hasta Capital Federal, se da la situación en que agentes
del interior cuidan un barrio, al cual en la mayoría de los casos, es la
primera vez que visitan. La falta de conocimiento de la zona y de los lugares más inseguros de la ciudad,
genera inconvenientes cuando se llevan a cabo algunos operativos, ya que no
sólo no saben dónde se están metiendo, sino que al realizar el papel de
policías, no conocen con exactitud lo que deben ni lo que no deben hacer. Así,
varias veces, el accionar de la Gendarmería o Prefectura termina siendo
ineficaz por el simple hecho de que ellos no son policías, y ese no es su lugar
de trabajo ni residencia.
Por otra parte, al moverse de sus puestos, han quedado
espacios sin vigilancia en algunos lugares del país, donde no existe otra fuerza
que pueda cubrir a la Gendarmería ni a la Prefectura. Entonces, mientras se
reforzó la seguridad en Capital Federal, se debilitó en algunos puntos del
país, sobre todo, en las rutas, fronteras y pasos fluviales. También, en la
misma Capital, al moverse agentes del Puerto de Buenos Aires, los residentes de
esa zona ahora se ven desprotegidos.
No está mal que el gobierno quiera resguardar a
sus habitantes, es lo que exige la Constitución Nacional. Lo que habría que
repensar es el modo en que se llevan a cabo las acciones. Al parecer, no se
consideraron los detalles y, por ello, el sistema carece de eficacia y
eficiencia en algunas partes. Mientras se le entrega seguridad a la gente de
determinados lugares de la capital, se libera zonas en las que otros argentinos
y argentinas quedan sin resguardo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario